Luego de que el Gobierno autorizara la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de las acciones de la principal empresa estatal de agua potable y saneamiento del país.
La medida afecta directamente al Estado Nacional, que posee el 90% del capital social de AySA, y a los usuarios del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para avanzar en este sentido, instruyeron a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todas las acciones necesarias para cumplir con el proceso de privatización, en línea con lo dispuesto por el Decreto 494/2025 y la Ley 27.742, conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a AySA “sujeta a privatización”.
De acuerdo con lo establecido, la privatización se realizará “mediante la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”. Además, aclararon que no se otorgarán nuevas preferencias ni se implementará un nuevo programa de propiedad participada, manteniéndose vigente el actual.
El proceso se desarrollará bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y la mencionada Unidad Ejecutora, que deberán garantizar la continuidad del servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
En simultáneo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó su imposibilidad de realizar la valuación en un plazo razonable, por lo que la resolución ordena contratar a una entidad bancaria del sector público nacional para esta tarea.
“El Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, manifestó que se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) en un plazo razonable”, indica la resolución.